“Aquello era una banda y mi tío Roberto de Luis era el cabecilla”, así de rotundo se expresó José Antonio Molina Luis, en la declaración que hoy hizo en el juicio del caso Arona, tras un biombo para resguardar su imagen de la prensa, “por miedo a que me pase algo”, ante las amenazas de muerte que dice haber recibido.

Como se presumía, conociendo los antecedentes de la instrucción y de sus denuncias en prensa, la declaración de Molina, durante dos horas y media, no dejó indiferente a nadie, mientras su tío permanecía inmóvil en el banquillo de los acusados.

“Roberto de Luis cobraba el 17% del coste de los proyectos que conseguía para los arquitectos amigos como Zenón Rodríguez, Antonio Tolosa y Jorge Menéndez”, quienes también se sientan en el banquillo de los acusados, junto al arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, el empresario-intermediario Arsenio Zamora y los siete exmiembros de la junta de gobierno de Arona entre 1999 a 2007.

Molina en su extenso relato, recordó que aunque nunca trabajó para su tío, mantenía una relación cercana con él desde los años noventa hasta el 2002, tras montar una pequeña inmobiliaria en el sur junto a su primo Alejandro de Luis, hijo de Roberto de Luis, “aunque su padre lo consideraba un poco cortito”, exclamó tras el biombo.

A partir de ahí, José Antonio Molina fue detallando citas y nombres con los que trataba de evidenciar la corrupción de su tío. “Con su sueldo de aparejador municipal era imposible el patrimonio que tenia con tres apartamentos, un piso en Madrid, varios locales, dos Mercedes, un BMW, un Porsche regalo de Paradise Park y obras de arte del pintor Francisco de Miguel, con los que blanqueaba el dinero, obras de arte que la de menor precio costaba 3.000 euros”, dijo.

“Mi tío se jactaba, porque así me lo decía, de tener además en nómina a tres o cuatro concejales para sacar adelante los proyectos que tenían reparos en la junta de gobierno; Félix Sierra cobraba el dinero y lo repartía entre los concejales”, comentó. A preguntas de la fiscal, Molina afirmó que “se trataba de conseguir más volumetría, más plantas y hasta más habitaciones en los sotanos”, relatando que así se hizo en hoteles como Vulcano, Bitácora, Paradise Park o Noelia, logrando hasta 15 millones de pesetas en comisiones que le pagaban los arquitectos a quienes les conseguía el proyecto”, principalmente en esos años, Zenón Rodríguez, tras trabajar antes con Antonio Tolosa y Jorge Menéndez, “ a quienes fue apartando”, según supo tras un almuerzo en el restaurante Sanchidrián de Santa Cruz. Molina también desveló que el cumpleaños de una hija de Roberto de Luis se celebró gratis en el Paradise Park, en donde además colocó a su hijo.

También habló de un viaje a Nueva York, de todo el grupo de gobierno y de su tío, entre otros, pagado por el promotor de Aguilas del Teide y manifestó que las comisiones no solo se pagaban con dinero “sino también con servicios de prostitutas en un chalet ilegal muy cercano a nuestro oficina en el Sur”, dijo uno de los principales testigos del macrojuicio que se inició el 12 de enero en el Palacio de Justicia.

Molina prosiguió dando detalles de proyectos “a punta pala”, sujetos a comisiones, como los de la empresa de Pedro Suárez (Gomasper), que se los dio al arquitecto Zenón Rodríguez, relatando que “Una noche mi tío me dijo de pasar por la casa de Pedro Suárez que le iba a pagar un trabajito y allí ví un montón de dinero; era un empresario muy receloso y nunca quería testigo”, manifestó el sobrino del aparejador municipal.

Tras la denuncia del concejal Cheché Alayón tras el cobro de talón en negro, Roberto de Luis cambio el modos operandis después del 2002, según su sobrino, y comenzó a utilizar al empresario Arsenio Zamora, también acusado, como intermediario, aunque dijo que sobre la licencia de Proguito se enteró por la prensa, conociendo poco después al empresario Ansorena que denunció una supuesta extorsión de 45 millones de pesetas.

Molina Luis dijo que nunca llegó a cobrar comisiones para su tío, aunque recordó que “una vez me mandó a buscar al coche un millón de pesetas y hacer dos paquetes de medio millón para que se los entregara a los concejales de Deportes y Basura”.

Desmintió que su denuncia ante la prensa en 2003 y luego ante el exalcalde José Alberto González Reverón tuviera nada que ver con la negativa de su tío a que montara un pub en Santa Cruz o a que le recriminara el maltrato a una exnovia, ni mucho menos a que “le suplantaran para cobrar comisiones”. “No lo hice por un sentimiento de rabia o de venganza, era un tema tan abusivo y asqueroso que quería contribuir a limpiar un poco todo lo que sucedía en Arona, sabiendo que me la jugaba porque mi tío trataba con personajes muy peligrosos, relacionados con palizas y hasta con tiros”, relató el testigo, que apuntó que ha sufrido varias amenazas de muerte, incluso en la cárcel, en el mismo módulo donde estuvo ingresado su tío. Molina reconoció que ingresó en prisión 10 meses por quebranto de condena por maltrato y que recientemente, tras pago de una fianza de 5.000 euros, abandonó la cárcel donde ingresó otros diez meses por tráfico de drogas.

En 2007 le dejaron en su oficina un conejo despellejado y con esta nota atada al cuerpo: “Amigo J.M, a partir de ahora mira siempre para atrás. El daño que estás causando lo vas a pagar caro. Haz lo que tu ya sabes o acabarás en silla de ruedas”.

El secretario Chistian Marcelino alertó de ilegalidades en licencias y contrataciones

Chistian Marcelino Represas, secretario municipal de Arona 2006-2009, dejó claro que los miembros de la junta de gobierno sabían que las licencias que concedían eran ilegales y que las contrataciones se fraccionaban para evitar el concurso público.

El exsecretario reconoció que los miembros de la junta de gobierno local dieron licencias con informes jurídicos en contra y que advirtió de la gravedad que suponía fraccionar las obras para evitar el concurso público, algo que comenzó a cambiar con su estancia en el Ayuntamiento, aunque recordó que hubo necesidad de ampliar el área de contrataciones para elaborar pliegos y eso significó que se retrasaran muchas obras de mantenimiento, dada la escasez de personal en el área, algo que le trasmitió al alcalde José Alberto González Reverón, acusado por ello de prevaricación continuada al igual que los otros seis miembros de la junta.

Marcelino Represas fue también contundente al afirmar que todos los miembros de la junta recibían el orden del día y el acta de la sesión anterior, que se leía antes de comenzar cada reunión. Este hecho, la lectura del acta en que se recogen los reparos jurídicos a las licencias y contrataciones de obra menor, fue negado en sus declaraciones en el inicio del juicio por todos los exconcejales, excepto por Daniel Martín, algo que ayer desmontó el secretario municipal que sustituyó en 2006 al fallecido José Ángel Álvarez, quien en más de una ocasión, según Marcelino Represas, reparó los informes jurídicos y los hizo suyos y recordó que los “informes técnico y jurídico son preceptivos, aunque no vinculantes, para conceder licencias”.

Sobre las contrataciones de obras fue rotundo al afirmar que “los concejales sabían que no se podían fraccionar algunos contratos” y se los advertí repetidas veces “tras encontrarme una cantidad enorme de reparos por los fraccionamientos”, dijo el secretario que se fue de Arona “voluntariamente”, otra cosa bien distinta “es que ellos quisieran que no siguiera”, remarcó.